Lajún lleva a RD a un arbitraje; exige pago de más de US$300 MM

El conflicto entre el Estado dominicano y Lajún Corporation, empresa que durante los últimos diez años administró el vertedero de Duquesa, pasará a ser dirimido ante un estamento internacional.

Michael Anthony Lee-Chin, accionista mayoritario de dicha compañía y quien asegura haber adquirido los terrenos que ocupa este vertedero, ubicado en Santo Domingo Norte, demandó ante el Tribunal de Arbitraje de las Naciones Unidas al Estado dominicano.

La solicitud de arbitraje solicita “una declaración de que la República Dominicana ha violado el Reciprocal Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, que figura en el Anexo III del Tratado de Libre Comercio de la Comunidad del Caribe, entre la República Dominicana y el Estado miembro de la Comunidad del Caribe, Jamaica, firmado el 22 de agosto de 1998 que entró en vigor el 5 de febrero de 2002 (el “Tratado”), y sobre el derecho internacional”.

¿Qué pide Lajún?

El demandante solicita ordenar al Estado dominicano pagar a Lajún un monto no menor a los US$300 millones por concepto de daños y perjuicios, además de US$5 millones por los daños morales causados.

 La empresa, despojada de la administración del vertedero mediante orden del Tribunal Superior Administrativo el pasado 27 de septiembre del 2017, explicó detalladamente los daños tanto materiales como morales en una solicitud de arbitraje notificada al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez; al procurador general, Jean Alain Rodríguez; al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Nelson Toca Simó, y a la subdirectora de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales, Leidylin Contreras.

Explica que la expropiación del Estado en perjuicio del inversionista jamaiquino, Lee-Chin, en contravención del Tratado y del derecho internacional se hizo “sin causa justificada, en una manera inconsistente con el debido proceso legal y de manera discriminatoria”.

El documento destaca que el Estado dominicano incumplió las disposiciones del anexo III de dicho tratado sobre las condiciones de expropiación, trato justo y equitativo, cumplimiento de obligaciones, transparencia y principios generales de tratamiento.

La parte demandante hace referencia a la sentencia que ordenó la designación de una comisión mancomunada del Estado para que de manera provisional tome el control del botadero a cielo abierto, también menciona las multas interpuestas por el Ministerio de Medio Ambiente por violación y manejo inadecuado del vertedero y daños causados al medioambiente. “Con este fallo en la mano, y con el uso de su ejército, el Estado expropió la inversión de la demandante inmediatamente después, al tomar la posesión ilícita de la tierra (y todo lo demás en él), al expulsar a la demandante (incluidos todos los empleados), asumiendo la administración y el control de las operaciones del vertedero sin ninguna compensación”.

 

Fuente: El Caribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There was an error fetching the feed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com